12 abril, 2021

La CDMX Tipifica la Difusión de Información Privada Sobre Víctimas

El día de hoy el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una reforma al Código Penal local que sanciona a cualquier trabajador del gobierno que haga pública información no autorizada sobre algún caso. Esta nueva reforma ha recibido el título de “Ley Ingrid” en memoria a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio fallecida el 9 de Febrero del 2020.

Como cualquier otro crimen del mismo tipo, la muerte de ésta joven levantó una ola de protestas por parte de los colectivos feministas mexicanos. Sin embargo, éste caso causó gran conmoción especialmente porque los encargados de la investigación revelaron datos demasiado explícitos sobre las condiciones de la muerte. Ingrid Escamilla, de 25 años, fue asesinada y desollada por su pareja de 46 años, con la que vivía en un departamento al norte de la Ciudad. Días después del incidente los encargados de la investigación hicieron públicos datos como la dirección exacta de la escena del crimen, el video de una entrevista hecha al acusado mientras relata su crimen aún cubierto de sangre, e incluso fotos del cuerpo de Ingrid.

La difusión de este tipo de datos es altamente riesgosa e inaceptable, ya que aborda al feminicidio desde una perspectiva amarillista en la que el asesinato se vuelve objeto de morbo o un tipo de entretenimiento. De ésta manera se sigue promoviendo la normalización de la violencia de género. Además es una grave falta de respeto hacia las víctimas, pues su dignidad y su memoria, así como la pena de sus familiares, son vulnerabilizadas.

Ante el caso de Ingrid la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, propuso una iniciativa de ley para que la filtración de expedientes fuera tipificado como un crimen. De esta manera los responsables de éste tipo de crímenes podrían ser castigados de manera penal. A partir de éste martes (23 de Febrero del 2021) la propuesta ya es Ley, y castiga con entre 2 y 6 años de prisión a los responsables de filtración indebida o comercialización de datos personales sobre las víctimas de una investigación.

Según la nueva Ley Ingrid, que es una adición al artículo 293 del Código Penal de la Ciudad de México, entre de las acciones penalizadas se encuentran la difusión de “imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos” (Código Penal para el Distrito Federal, Art. 293, 2021).

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